El contrabando, la falsificación de productos y la comercialización de mercadería que ingresa al país de manera irregular son algunas de las principales preocupaciones de la industria argentina. En ese contexto, el Gobierno avanzó este lunes con una serie de acuerdos con cámaras empresarias y compañías de comercio electrónico para reforzar los controles sobre el comercio ilegal, identificar productos sospechosos y facilitar la eliminación de publicaciones que ofrezcan mercadería proveniente de actividades ilícitas.
La iniciativa incluyó la firma de convenios marco con la Unión Industrial Argentina (UIA) y otras entidades empresarias, además de acuerdos específicos con Mercado Libre, Meta, Frávega y Cetrogar, que permitirán intercambiar información sobre productos comercializados y detectar posibles irregularidades. Según explicaron fuentes oficiales a Infobae, uno de los cambios más relevantes es la incorporación de Mercado Libre a un mecanismo de identificación y baja de publicaciones de productos ilegales, una modalidad que ya se utilizaba con Meta, propietaria de Facebook e Instagram.
En el caso de Mercado Libre, los controles se concentrarán inicialmente en cinco categorías: notebooks, celulares, cosméticos, juguetes y neumáticos. El esquema contempla reportes trimestrales e intercambio de información que podrá cruzarse con los registros de la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Ventanilla Única de Comercio Exterior.
La reunión entre funcionarios de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa y representantes de la UIA y otras cámaras se realizó a las 11. El entendimiento con la entidad fabril formalizó una agenda de trabajo que los industriales impulsan desde 2025 para combatir el contrabando, la falsificación de marcas y las distintas modalidades de competencia desleal que afectan a la producción nacional.
De acuerdo con estimaciones difundidas por la UIA, el comercio ilícito representa alrededor del 5% del Producto Bruto Interno (PBI) y genera una pérdida fiscal de USD 2.300 millones anuales. Además, según la tercera encuesta de la entidad, seis de cada diez empresas industriales se ven afectadas por el comercio desleal y cuatro de cada diez enfrentan competencia ilegal en la comercialización electrónica de productos.
El esquema anunciado contempla dos tipos de instrumentos: convenios marco con entidades y empresas, y acuerdos específicos que establecerán mecanismos concretos de intercambio de información y fiscalización.
Según precisaron fuentes oficiales, los convenios marco fueron individuales y comprendieron a la UIA, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CACyS), la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE), la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Mercado Libre, Frávega, Cetrogar y Meta.
Estos entendimientos permitirán establecer instancias de cooperación para mejorar la detección de productos comercializados irregularmente y coordinar acciones frente al contrabando y la competencia desleal.
En paralelo, el Gobierno avanzó con acuerdos específicos con Meta, Mercado Libre, Frávega y Cetrogar, que incluyen mecanismos de intercambio de información sobre productos ofrecidos a través de los distintos canales de comercialización.
Uno de los puntos centrales es la elaboración de reportes trimestrales, cuyos datos podrán cruzarse con información de la DGA y la Ventanilla Única de Comercio Exterior. El objetivo es identificar mercadería sospechosa y facilitar la detección de productos que puedan provenir del comercio ilícito.
En el caso de las plataformas digitales, los convenios contemplan la posibilidad de dar de baja publicaciones cuando se identifique que los productos ofrecidos provienen de operaciones ilegales.
Desde el Gobierno aclararon que este mecanismo ya se aplicaba con Meta, por lo que alcanza a las publicaciones realizadas en Facebook e Instagram. La novedad es su incorporación a Mercado Libre, donde comenzará con cinco categorías específicas de mercadería. Se trata de notebooks, teléfonos celulares, cosméticos, juguetes y neumáticos, productos que integrarán la primera etapa del esquema de intercambio de información y detección de irregularidades.
La diferenciación entre los acuerdos marco y los específicos resulta importante porque no todos los convenios implican los mismos compromisos. Mientras los primeros establecen instancias generales de cooperación, los segundos definen los mecanismos concretos para compartir información y actuar sobre las operaciones detectadas.
En el caso de la UIA, el acuerdo tiene un alcance más amplio que los controles sobre el comercio electrónico. Según explicaron fuentes de la entidad fabril a Infobae, el convenio busca formalizar una agenda de trabajo contra el contrabando, el comercio ilegítimo y la competencia desleal, que incluye tanto las ventas físicas como las digitales.
Sin embargo, las fuentes industriales aclararon que el convenio marco no obliga a la UIA ni a sus empresas asociadas a compartir información. La participación será voluntaria y requerirá la firma de acuerdos particulares.
Por parte del sector público, la responsabilidad corresponderá a la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa. En representación de los industriales participará el Departamento de Comercio y Negociaciones Internacionales de la UIA, a través de su Mesa de Acciones contra el Comercio Ilegítimo, el Contrabando y la Competencia Desleal. El funcionamiento contempla un plan de trabajo semestral y un seguimiento trimestral de las acciones acordadas.
Desde la UIA señalaron que el acuerdo representa la formalización de una agenda que la entidad trabaja de manera sistemática desde 2025 junto con sus cámaras asociadas y los sectores más afectados.
Fuentes industriales explicaron que la iniciativa surgió de una preocupación concreta de las empresas y que el Gobierno articuló las acciones a partir de los planteos que la organización trasladó a las autoridades.
Para la entidad, el convenio tiene especial importancia porque el contrabando y el comercio ilegítimo forman parte de sus prioridades de trabajo, tanto por su impacto sobre las empresas formales como por las dificultades que generan para competir con productos comercializados fuera de las normas.
Los datos de la tercera encuesta de la UIA reflejan la magnitud de esa preocupación: el 60% de las empresas industriales declara verse afectado por el comercio desleal, mientras que el 40% identifica problemas de competencia ilegal en plataformas de comercio electrónico, marketplaces y redes sociales.
La entidad también estima que el comercio ilícito representa alrededor del 5% del PBI y ocasiona pérdidas fiscales por USD 2.300 millones al año.
El alcance de los convenios no se limita a las operaciones realizadas en Internet. En el caso de la UIA, las acciones previstas abarcan productos comercializados tanto en establecimientos físicos como en canales digitales, sin restringir los controles a una red social o plataforma determinada.
Tras la firma de los acuerdos, la directora ejecutiva de Afarte, Ana Vainman, celebró que se haya podido finalmente suscribir el convenio, que "es un gran punto de partida para combatir la competencia desleal y el contrabando, que tanto afectan a la industria. "Esperamos que se traduzca en una pronta reducción de este flagelo, que hoy implica que uno de cada 3 celulares que se venden en la Argentina no se importó legalmente ni se fabricó en el país, por citar solo un ejemplo. Además, el contrabando afecta a los consumidores, porque compran productos de dudosa procedencia y al Estado, por la renuncia fiscal que genera", planteó la directiva.
La firma de los acuerdos se produce después de distintas gestiones que los industriales realizaron ante las autoridades para reclamar medidas contra el contrabando y la subfacturación de importaciones.
Tal como publicó este medio días atrás, representantes de la UIA mantuvieron a comienzos de octubre una reunión con funcionarios de Aduana para analizar las dificultades que enfrentan distintos sectores manufactureros por el ingreso irregular de mercadería y la competencia de productos comercializados en condiciones desiguales. Entre los sectores que manifestaron preocupación se encuentran el textil, la indumentaria, el cuero, el calzado, los celulares, la cerveza y el tabaco.
Uno de los principales temas de ese encuentro fue la subfacturación de importaciones, especialmente después de la eliminación de los precios de referencia que se utilizaban como herramientas de control.
Durante la reunión, las autoridades explicaron que trabajaban en un nuevo sistema tecnológico para cruzar información sobre cantidades y precios declarados en las importaciones, con el objetivo de detectar posibles inconsistencias.
El desarrollo incluye herramientas de análisis de datos y tecnología vinculada con Microsoft, además de mecanismos para mejorar la identificación de operaciones sospechosas mediante el procesamiento de información comercial.
Ese proyecto corresponde a los controles aduaneros y constituye una de las iniciativas que el Gobierno desarrolla frente a los reclamos de los sectores industriales.
La agenda de la UIA comenzó a tomar forma durante 2025, con distintas iniciativas coordinadas junto con sus cámaras socias y organismos públicos.
Entre las acciones realizadas se encuentra la creación de un formulario único de denuncias junto con Defensa del Consumidor, destinado a facilitar la presentación de información sobre posibles irregularidades en la comercialización de productos. La organización también participó en actividades de capacitación para integrantes de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía Federal, desarrolladas en distintas provincias para mejorar la identificación de modalidades de comercio ilegal.
Además, trabajó con el Ministerio de Seguridad en la canalización de denuncias y en el fortalecimiento de los operativos de control en las zonas de frontera.
